Mario Nóchez, abril 2002
La problemática educativa en El Salvador, con los 12 años de conflicto armado, pasó de una situación de deterioro a una situación de crisis severa que afectó todo el sistema educativo nacional. Las principales manifestaciones de la crisis del sector educación se expresaban en: escasa cobertura en zonas rurales, baja calidad de la educación en todos los niveles educativos, deterioro de la infraestructura escolar, disminución en la capacidad adquisitiva del salario de los maestros, reducción gradual y significativa del presupuesto público asignado a educación, altos índices de deserción, repitencia escolar, altas tasas de analfabetismo, entre otros.[1]
Con la finalización del conflicto armado y la firma de los Acuerdos de Paz (1992), se abren nuevas posibilidades para el mejoramiento y superación de las condiciones del sistema educativo nacional. En el marco de la Reconstrucción Nacional la educación se define como de alta prioridad por el Gobierno de El Salvador quien decide enfrentar los problemas descritos buscando el apoyo financiero y técnico de organismos internacionales tales como El Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Sistema de Naciones Unidas, Unión Europea y de países amigos (España, México, Japón, entre otros). Los montos más significativos de la cooperación internacional vinieron, vía préstamos, a través del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo; así como de donaciones del Gobierno de los Estados Unidos, respectivamente. Por su lado, las iglesias de distintas denominaciones (Católica, Luterana, Episcopal, Evangélica, Bautista, entre otras), así como los organismos no gubernamentales agrupados en la Concertación Educativa de El Salvador (CEES) han gestionado y recibido financiamientos significativos, de organismos internacionales, iglesias y de la solidaridad internacional, para impulsar programas educativos en el ámbito nacional, especialmente en zonas ex – conflictivas y de extrema pobreza.
Durante la Presidencia del Lic. Alfredo Félix Cristiani (1989-1994) se firman los Acuerdos de Paz y se inicia un proceso de transformación educativa el cual estaba fundamentado en su Plan Económico que buscaba implementar una economía de libre mercado, tal como lo expresó en su discurso de toma de posesión el 1o. de junio de 1989:
… “Nuestra política económica será la progresiva liberalización del mercado para que el aparato productivo funcione y pueda generar empleo, ahorro e inversión”… “ el gobierno como regulador de las normas indispensables para que la economía funcione, debe reducir el papel del Estado a lo estrictamente necesario, bajo el principio de subsidiaridad, para que se garantice la armonía y el desarrollo social. “
El modelo económico de libre mercado implementado por el Presidente Alfredo Félix Cristiani, redefine sustancialmente la función del Estado y de la educación, lo cual se traduce en las siguientes políticas educativas[2]:
1. Transferencia de funciones y competencias del Ministerio de Educación al sector privado: gradualmente el Ministerio de Educación va trasfiriendo funciones que tradicionalmente venía realizando hacia universidades, iglesias, organismos no gubernamentales, fundaciones. Las funciones que transfiere son: capacitaciones docentes, elaboración de materiales educativos, investigaciones, diseño de currículum, evaluaciones, entre otras; las cuales se realizan a través de convenios o de licitaciones públicas, con la finalidad de reducir costos y lograr mayores niveles de eficiencia. Para garantizar la redefinición de las funciones y competencias del Ministerio de Educación hacia su nueva función, se incorpora a profesionales provenientes del sector privado (fundaciones educativas, organismos no gubernamentales y universidades) en la conducción del Ministerio de Educación como Ministro, Vice Ministro, Asesores y Directores Nacionales.
2.Transferencia de la gestión educativa y administración de establecimientos escolares del Ministerio de Educación a organizaciones intermedias de la comunidad, sean estas públicas o privadas, reservando el Ministerio de Educación la supervisión y financiamiento parcial o total de los mismos.
En el año de 1991, el Ministerio de Educación crea el Programa Educación con Participación de la Comunidad (EDUCO) para lo cual promueve la organización legal de las Asociaciones Comunales para la Educación (ACE), que son grupos de padres de familias de comunidades rurales pobres, que asumen la administración y la gestión educativa a nivel local del EDUCO. Las ACE por medio de un convenio con el Ministerio de Educación, reciben financiamiento del Estado, según número de estudiantes matriculados en cada sección educativa, cuyo financiamiento lo utilizan para el pago de maestros, material educativo, material fungible, capacitaciones y mantenimiento de la infraestructura. Los niveles que atienden son educación parvularia y básica, en el ámbito nacional.
En 1992 se crearon otras modalidades de administración escolar local, por medio del Fondo de Innovaciones Educativas (FIE) por medio del cual el Ministerio de Educación, a través de licitaciones públicas, asignaba fondos a ONGs, instituciones religiosas y municipalidades que tuvieran la capacidad y la experiencia para poder desarrollar modelos de administración escolar a nivel local, con la finalidad de ampliar la cobertura, aumentar la calidad educativa y mejorar la eficiencia en la prestación de servicios. Los fondos se asignaban según el mismo criterio del Programa EDUCO y para los mismos rubros de gastos. Los niveles educativos atendidos eran educación parvularia y educación básica.
A partir del año de 1993, el Ministerio de Educación traspasa la administración y gestión educativa de 4 institutos tecnológicos nacionales, de los departamentos más importantes del país, a manos de la Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo (FEPADE), bajo la modalidad de administración mixta, por medio de la cual otorga un subsidio anual para gastos de operación y funcionamiento.
3. Asegurar el otorgamiento de subvención, en la educación parvularia y básica, para todos los niños en extrema pobreza, el cual se complementará con programas de nutrición y salud.
Desde 1993 el Ministerio de Educación viene implementando el Bono de la Calidad Educativa, un subvención anual del Estado, por un monto de ¢8,000.000.00 los cuales se asignan a los centros educativos ubicados en los 135 municipios más pobres del país, tomando en cuenta el criterio del número de secciones según un rango establecido que va desde ¢10,000.00 para los centros educativos que tienen entre 1-5 secciones hasta ¢60,000.00 para las que tienen más de 55 secciones. Los fondos del Bono de Calidad Educativa son para gastos de: Mantenimiento preventivo o correctivo de infraestructura, mobiliario y/o equipo; material deportivo y/o recreativo; material didáctico de apoyo; material de aseo y limpieza; readecuación de espacios y equipo de apoyo al funcionamiento de la escuela.
Las mismas escuelas que reciben el Bono de la Calidad forman parte del Programa Escuela Saludable que tiene como finalidad mejorar las condiciones de salud, nutrición y educación de niñas y niños en los niveles de educación parvularia y básica. En el área de salud se les brinda atención médica, odontológica, oftalmológica y psicológica; en nutrición se les proporciona alimentación (desayuno y /o almuerzo) y educación nutricional; y en educación a los niños se les proporciona recursos para el aprendizaje ( cuadernos, libretas, libros, lápices, etc). Todo el Programa se ve fortalecido por medio del mejoramiento de infraestructura física para instalación de servicios sanitarios apropiados, construcción de cocinas y bodegas. El Programa es ejecutado de forma coordinada por varias instituciones del gobierno: Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local y La Secretaría Nacional de la familia. La administración del Programa es responsabilidad de los padres de familia.
Con la implementación de las políticas antes mencionadas se pretendía reducir el gasto social optimizando y focalizando los recursos del Estado para atender prioritariamente a los grupos de extrema pobreza. Además se buscaba garantizar el acceso a un nivel mínimo de educación, por ello los niveles educativos donde se focalizaron los esfuerzos fue la educación parvularia y básica.
Durante el período 1989-1994, los únicos actores que se involucraron en la implementación del Programa EDUCO fue a los padres de familia; en el resto de políticas educativas que se implementaron se excluyeron a actores relevantes como docentes, Iglesias, organismos no gubernamentales, municipalidades, entre otros. La exclusión particularmente de los docentes en la implementación del Programa EDUCO trajo como consecuencia marchas de protesta, huelgas y paros, rechazando las políticas educativas implementadas lo que llevó al Ministerio de Educación a sentarse a negociar con los docentes y tener que hacer ajustes y modificaciones al Programa EDUCO. Fue un período de mucha confrontación y choque entre el MINED y las gremiales de maestros.
Con la influencia del modelo económico de la CEPAL-UNESCO (1992) que planteaba que no hay desarrollo económico posible sin una educación equitativa y de calidad, el Presidente de la República Dr. Armando Calderón Sol (1994-1999) dio continuidad a la implementación del modelo económico de libre mercado en el campo educativo y asumió algunos lineamientos de la CEPAL-UNESCO, tal como se puede percibir en su discurso de toma de posesión el 1o. de junio de 1994:
… “La cobertura y calidad de la educación, son factores de primera importancia. Debemos estimular la investigación y el desarrollo tecnológico, para poder competir en este mundo que se globaliza cada día más. No podemos quedarnos al margen del progreso. Vamos a promover una profunda reforma educacional, asignando mayores recursos, mejorando los programas educativos y capacitando a los maestros”…
La Reforma Educativa en Marcha de El Salvador oficialmente se inicia con la Presidencia del Dr. Armando Calderón Sol, la cual es una expresión de la reforma institucional sugerida por la CEPAL-UNESCO y algunas de las políticas educativas implementadas responden algunos de sus lineamientos, tal como se detalla a continuación:
1. Participación de diversos actores en la solución de los problemas educativos nacionales:
En octubre de 1994, se crea la Comisión de Educación, Ciencia y Desarrollo, integrada por notables ciudadanos[3] que, en conjunto, mostraban diversas perspectivas e ideologías sobre el proceso de reforma. Dicha comisión entregó en junio de 1995, el documento - propuesta “TRANSFORMAR LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO DE EL SALVADOR”. El año de 1995 fue denominado, por parte del Ministerio de Educación, el Año de la Consulta sobre la Reforma Educativa, y se realizaron talleres y foros de consulta con la participación de docentes (activos y jubilados), padres de familia y alumnos, personal técnico y administrativo del Ministerio de Educación, gremios de docentes, ONG´S, iglesias, universidades y agencias internacionales. A finales de 1995, el MINED formaliza el planteamiento de Reforma Educativa en Marcha, con la divulgación del “PLAN DECENAL DE REFORMA EDUCATIVA EN MARCHA” (1995-2005). Este plan decenal destaca que la reforma es indispensable para superar la pobreza, enfrentar de mejor manera la globalización, fortalecer la democracia y consolidar la paz.
2. Ampliación de cobertura
El Ministerio de Educación ha realizado esfuerzos significativos por ampliar la cobertura educativa principalmente en educación parvularia y básica, en las zonas rurales de los 14 departamentos de la república, a través del Programa EDUCO, logrando incrementar la matrícula en el sector oficial y aumentando particularmente el acceso a niñas, lo que ha posibilitado lograr casi un equilibrio en la matrícula inicial entre niños y niñas, favoreciendo con ello la equidad.
3. Mejoramiento de la calidad
En relación con el mejoramiento de la calidad se han realizado esfuerzos en tres sentidos: Reforma Curricular, Creación de Centros de Recursos de Aprendizaje (CRA) y Diseño de Pruebas de Logros de Aprendizaje.
Para ello se realizó una reforma curricular por medio de la elaboración de nuevos planes y programas de estudio, libros de texto, en todos los niveles educativos, desde la parvularia hasta la educación superior, haciendo que el conocimiento sea el eje del aprendizaje. Además se pretendía con los nuevos programas de estudio introducir aspectos prácticos, aplicados, que desarrollará habilidades y destrezas, la creatividad, la innovación, el trabajo de equipo, se fortaleciera la identidad nacional-local y se enfatiza mucho en una metodología de “aprender-haciendo”. Para garantizar la implementación de los cambios de enfoque y metodología de los nuevos programas de estudio se realizaron capacitaciones masivas a maestros, a nivel nacional.
Se crean en las escuelas públicas de educación básica y media los Centros de Recursos de Aprendizaje (CRA) donde los estudiantes cuentan con equipo tecnológico como computadoras, televisores, VHS, videos, grabadoras y proyectores, como recursos didácticos de apoyo al proceso de aprendizaje.
Se diseña la Prueba Nacional de Logros de Aprendizaje para estudiantes de tercero, sexto y noveno grado, así como la Prueba de Aptitudes para Egresados de Educación Media (PAES), que tiene como propósito medir el grado de eficiencia del sistema educativo.
4. Modernización Institucional
La modernización institucional pretendía aumentar la eficiencia y la eficacia en la prestación de servicios educativos. Para ello el Ministerio de Educación tuvo que redefinir su rol, simplificando y modernizando procedimientos administrativos que lo hicieran menos burocrático y más flexible, así mismo impulsa un proceso de descentralización desde el nivel central hasta el nivel local.
La mejor expresión de la descentralización del Ministerio de Educación, fue la reestructuración de su organización administrativa, en el año de 1996, cuando creó catorce Direcciones Departamentales para poder impulsar un nuevo modelo de administración escolar que pretendía dar autonomía a los centros educativos, a través de la conformación en cada centro educativo de Consejos Directivos Escolares (CDE), para lograr una gestión más participativa y democrática en la prestación de los servicios educativos.
El Consejo Directivo Escolar es un ente colegiado que actúa como gestor y administrador de los servicios educativos, con el propósito de planificar, organizar, gestionar, ejecutar y supervisar los recursos asignados y / o necesarios, orientados al mejoramiento de la calidad y ampliación de cobertura de los servicios de su centro educativo.
5. Formación integral de valores humanos, éticos y cívicos
Se introduce la formación de valores humanos, éticos y cívicos como un eje transversal en todas las asignaturas, que busca no sólo la adquisición de conocimientos sino sobre todo el fomento de prácticas que conduzcan al desempeño eficaz de la ciudadanía.
Además se pretende que la formación cívica debe de desarrollar en el educando actitudes y conductas tales como: amplitud de criterio que lo aleje de tendencias dogmáticas y excluyentes; capacidad de reconocer la calidad lógica de la argumentación; tolerancia y conciliación de puntos de vista; y habilidad para una participación ciudadana eficaz.
Las cinco políticas educativas antes mencionadas, están claramente orientadas al fortalecimiento del recurso principal del conocimiento, como una forma de alcanzar el desarrollo, para lograr que todos los ciudadanos sean estos ricos o pobres, tengan igualdad de oportunidades de tener acceso al conocimiento de forma equitativa.
Todas las políticas educativas implementadas en la década de los años 90s, dada la crisis severa que había tenido el sistema educativo nacional, durante los 12 años de conflicto armado, venían a resolver problemas estructurales que era necesario transformar. Sin embargo, el problema de las políticas educativas antes analizadas no es tanto que no satisfaga, ni resuelva los problemas del sistema educativo nacional, sino más bien su problema radica en su enfoque y orientación, ya que lo que buscaban es la racionalidad económica, el eficientismo, la eficacia; convirtiendo a la educación en un instrumento al servicio de la economía y desnaturalizando la función humanista de la misma de formar personas críticas y conscientes de su realidad. La lógica de dichas políticas educativas respondía más a una racionalidad instrumental tecnológica que a intereses estrictamente pedagógicos.
En conclusión, Los principales actores y arquitectos de las políticas educativas implementadas en El Salvador, en la década de los años 90s, han sido fundamentalmente el Ministerio de Educación y los Bancos de Desarrollo, como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos (AID), y las políticas educativas que han implementado han estado determinadas por un enfoque y orientación estrictamente económico, en el cual el ser humano está en función de la economía como una pieza fundamental del engranaje productivo.
[1] Para una mayor profundización de la problemática educativa de El Salvador se puede consultar: HARVARD/UCA/FEPADE. La Educación EN El Salvador de cara al siglo XXI. Desafíos y oportunidades. UCA, Editores, San Salvador, 1995.
[2] Ver: MIPLAN. Plan de Desarrollo Económico y Social del Gobierno de El Salvador (1989-1994), San Salvador, 1989.
[3] Las personalidades que formaron parte de la Comisión pertenecían a la empresa privada, iglesia católica, universidades, fundaciones y partidos políticos.
Con la finalización del conflicto armado y la firma de los Acuerdos de Paz (1992), se abren nuevas posibilidades para el mejoramiento y superación de las condiciones del sistema educativo nacional. En el marco de la Reconstrucción Nacional la educación se define como de alta prioridad por el Gobierno de El Salvador quien decide enfrentar los problemas descritos buscando el apoyo financiero y técnico de organismos internacionales tales como El Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Sistema de Naciones Unidas, Unión Europea y de países amigos (España, México, Japón, entre otros). Los montos más significativos de la cooperación internacional vinieron, vía préstamos, a través del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo; así como de donaciones del Gobierno de los Estados Unidos, respectivamente. Por su lado, las iglesias de distintas denominaciones (Católica, Luterana, Episcopal, Evangélica, Bautista, entre otras), así como los organismos no gubernamentales agrupados en la Concertación Educativa de El Salvador (CEES) han gestionado y recibido financiamientos significativos, de organismos internacionales, iglesias y de la solidaridad internacional, para impulsar programas educativos en el ámbito nacional, especialmente en zonas ex – conflictivas y de extrema pobreza.
Durante la Presidencia del Lic. Alfredo Félix Cristiani (1989-1994) se firman los Acuerdos de Paz y se inicia un proceso de transformación educativa el cual estaba fundamentado en su Plan Económico que buscaba implementar una economía de libre mercado, tal como lo expresó en su discurso de toma de posesión el 1o. de junio de 1989:
… “Nuestra política económica será la progresiva liberalización del mercado para que el aparato productivo funcione y pueda generar empleo, ahorro e inversión”… “ el gobierno como regulador de las normas indispensables para que la economía funcione, debe reducir el papel del Estado a lo estrictamente necesario, bajo el principio de subsidiaridad, para que se garantice la armonía y el desarrollo social. “
El modelo económico de libre mercado implementado por el Presidente Alfredo Félix Cristiani, redefine sustancialmente la función del Estado y de la educación, lo cual se traduce en las siguientes políticas educativas[2]:
1. Transferencia de funciones y competencias del Ministerio de Educación al sector privado: gradualmente el Ministerio de Educación va trasfiriendo funciones que tradicionalmente venía realizando hacia universidades, iglesias, organismos no gubernamentales, fundaciones. Las funciones que transfiere son: capacitaciones docentes, elaboración de materiales educativos, investigaciones, diseño de currículum, evaluaciones, entre otras; las cuales se realizan a través de convenios o de licitaciones públicas, con la finalidad de reducir costos y lograr mayores niveles de eficiencia. Para garantizar la redefinición de las funciones y competencias del Ministerio de Educación hacia su nueva función, se incorpora a profesionales provenientes del sector privado (fundaciones educativas, organismos no gubernamentales y universidades) en la conducción del Ministerio de Educación como Ministro, Vice Ministro, Asesores y Directores Nacionales.
2.Transferencia de la gestión educativa y administración de establecimientos escolares del Ministerio de Educación a organizaciones intermedias de la comunidad, sean estas públicas o privadas, reservando el Ministerio de Educación la supervisión y financiamiento parcial o total de los mismos.
En el año de 1991, el Ministerio de Educación crea el Programa Educación con Participación de la Comunidad (EDUCO) para lo cual promueve la organización legal de las Asociaciones Comunales para la Educación (ACE), que son grupos de padres de familias de comunidades rurales pobres, que asumen la administración y la gestión educativa a nivel local del EDUCO. Las ACE por medio de un convenio con el Ministerio de Educación, reciben financiamiento del Estado, según número de estudiantes matriculados en cada sección educativa, cuyo financiamiento lo utilizan para el pago de maestros, material educativo, material fungible, capacitaciones y mantenimiento de la infraestructura. Los niveles que atienden son educación parvularia y básica, en el ámbito nacional.
En 1992 se crearon otras modalidades de administración escolar local, por medio del Fondo de Innovaciones Educativas (FIE) por medio del cual el Ministerio de Educación, a través de licitaciones públicas, asignaba fondos a ONGs, instituciones religiosas y municipalidades que tuvieran la capacidad y la experiencia para poder desarrollar modelos de administración escolar a nivel local, con la finalidad de ampliar la cobertura, aumentar la calidad educativa y mejorar la eficiencia en la prestación de servicios. Los fondos se asignaban según el mismo criterio del Programa EDUCO y para los mismos rubros de gastos. Los niveles educativos atendidos eran educación parvularia y educación básica.
A partir del año de 1993, el Ministerio de Educación traspasa la administración y gestión educativa de 4 institutos tecnológicos nacionales, de los departamentos más importantes del país, a manos de la Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo (FEPADE), bajo la modalidad de administración mixta, por medio de la cual otorga un subsidio anual para gastos de operación y funcionamiento.
3. Asegurar el otorgamiento de subvención, en la educación parvularia y básica, para todos los niños en extrema pobreza, el cual se complementará con programas de nutrición y salud.
Desde 1993 el Ministerio de Educación viene implementando el Bono de la Calidad Educativa, un subvención anual del Estado, por un monto de ¢8,000.000.00 los cuales se asignan a los centros educativos ubicados en los 135 municipios más pobres del país, tomando en cuenta el criterio del número de secciones según un rango establecido que va desde ¢10,000.00 para los centros educativos que tienen entre 1-5 secciones hasta ¢60,000.00 para las que tienen más de 55 secciones. Los fondos del Bono de Calidad Educativa son para gastos de: Mantenimiento preventivo o correctivo de infraestructura, mobiliario y/o equipo; material deportivo y/o recreativo; material didáctico de apoyo; material de aseo y limpieza; readecuación de espacios y equipo de apoyo al funcionamiento de la escuela.
Las mismas escuelas que reciben el Bono de la Calidad forman parte del Programa Escuela Saludable que tiene como finalidad mejorar las condiciones de salud, nutrición y educación de niñas y niños en los niveles de educación parvularia y básica. En el área de salud se les brinda atención médica, odontológica, oftalmológica y psicológica; en nutrición se les proporciona alimentación (desayuno y /o almuerzo) y educación nutricional; y en educación a los niños se les proporciona recursos para el aprendizaje ( cuadernos, libretas, libros, lápices, etc). Todo el Programa se ve fortalecido por medio del mejoramiento de infraestructura física para instalación de servicios sanitarios apropiados, construcción de cocinas y bodegas. El Programa es ejecutado de forma coordinada por varias instituciones del gobierno: Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local y La Secretaría Nacional de la familia. La administración del Programa es responsabilidad de los padres de familia.
Con la implementación de las políticas antes mencionadas se pretendía reducir el gasto social optimizando y focalizando los recursos del Estado para atender prioritariamente a los grupos de extrema pobreza. Además se buscaba garantizar el acceso a un nivel mínimo de educación, por ello los niveles educativos donde se focalizaron los esfuerzos fue la educación parvularia y básica.
Durante el período 1989-1994, los únicos actores que se involucraron en la implementación del Programa EDUCO fue a los padres de familia; en el resto de políticas educativas que se implementaron se excluyeron a actores relevantes como docentes, Iglesias, organismos no gubernamentales, municipalidades, entre otros. La exclusión particularmente de los docentes en la implementación del Programa EDUCO trajo como consecuencia marchas de protesta, huelgas y paros, rechazando las políticas educativas implementadas lo que llevó al Ministerio de Educación a sentarse a negociar con los docentes y tener que hacer ajustes y modificaciones al Programa EDUCO. Fue un período de mucha confrontación y choque entre el MINED y las gremiales de maestros.
Con la influencia del modelo económico de la CEPAL-UNESCO (1992) que planteaba que no hay desarrollo económico posible sin una educación equitativa y de calidad, el Presidente de la República Dr. Armando Calderón Sol (1994-1999) dio continuidad a la implementación del modelo económico de libre mercado en el campo educativo y asumió algunos lineamientos de la CEPAL-UNESCO, tal como se puede percibir en su discurso de toma de posesión el 1o. de junio de 1994:
… “La cobertura y calidad de la educación, son factores de primera importancia. Debemos estimular la investigación y el desarrollo tecnológico, para poder competir en este mundo que se globaliza cada día más. No podemos quedarnos al margen del progreso. Vamos a promover una profunda reforma educacional, asignando mayores recursos, mejorando los programas educativos y capacitando a los maestros”…
La Reforma Educativa en Marcha de El Salvador oficialmente se inicia con la Presidencia del Dr. Armando Calderón Sol, la cual es una expresión de la reforma institucional sugerida por la CEPAL-UNESCO y algunas de las políticas educativas implementadas responden algunos de sus lineamientos, tal como se detalla a continuación:
1. Participación de diversos actores en la solución de los problemas educativos nacionales:
En octubre de 1994, se crea la Comisión de Educación, Ciencia y Desarrollo, integrada por notables ciudadanos[3] que, en conjunto, mostraban diversas perspectivas e ideologías sobre el proceso de reforma. Dicha comisión entregó en junio de 1995, el documento - propuesta “TRANSFORMAR LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO DE EL SALVADOR”. El año de 1995 fue denominado, por parte del Ministerio de Educación, el Año de la Consulta sobre la Reforma Educativa, y se realizaron talleres y foros de consulta con la participación de docentes (activos y jubilados), padres de familia y alumnos, personal técnico y administrativo del Ministerio de Educación, gremios de docentes, ONG´S, iglesias, universidades y agencias internacionales. A finales de 1995, el MINED formaliza el planteamiento de Reforma Educativa en Marcha, con la divulgación del “PLAN DECENAL DE REFORMA EDUCATIVA EN MARCHA” (1995-2005). Este plan decenal destaca que la reforma es indispensable para superar la pobreza, enfrentar de mejor manera la globalización, fortalecer la democracia y consolidar la paz.
2. Ampliación de cobertura
El Ministerio de Educación ha realizado esfuerzos significativos por ampliar la cobertura educativa principalmente en educación parvularia y básica, en las zonas rurales de los 14 departamentos de la república, a través del Programa EDUCO, logrando incrementar la matrícula en el sector oficial y aumentando particularmente el acceso a niñas, lo que ha posibilitado lograr casi un equilibrio en la matrícula inicial entre niños y niñas, favoreciendo con ello la equidad.
3. Mejoramiento de la calidad
En relación con el mejoramiento de la calidad se han realizado esfuerzos en tres sentidos: Reforma Curricular, Creación de Centros de Recursos de Aprendizaje (CRA) y Diseño de Pruebas de Logros de Aprendizaje.
Para ello se realizó una reforma curricular por medio de la elaboración de nuevos planes y programas de estudio, libros de texto, en todos los niveles educativos, desde la parvularia hasta la educación superior, haciendo que el conocimiento sea el eje del aprendizaje. Además se pretendía con los nuevos programas de estudio introducir aspectos prácticos, aplicados, que desarrollará habilidades y destrezas, la creatividad, la innovación, el trabajo de equipo, se fortaleciera la identidad nacional-local y se enfatiza mucho en una metodología de “aprender-haciendo”. Para garantizar la implementación de los cambios de enfoque y metodología de los nuevos programas de estudio se realizaron capacitaciones masivas a maestros, a nivel nacional.
Se crean en las escuelas públicas de educación básica y media los Centros de Recursos de Aprendizaje (CRA) donde los estudiantes cuentan con equipo tecnológico como computadoras, televisores, VHS, videos, grabadoras y proyectores, como recursos didácticos de apoyo al proceso de aprendizaje.
Se diseña la Prueba Nacional de Logros de Aprendizaje para estudiantes de tercero, sexto y noveno grado, así como la Prueba de Aptitudes para Egresados de Educación Media (PAES), que tiene como propósito medir el grado de eficiencia del sistema educativo.
4. Modernización Institucional
La modernización institucional pretendía aumentar la eficiencia y la eficacia en la prestación de servicios educativos. Para ello el Ministerio de Educación tuvo que redefinir su rol, simplificando y modernizando procedimientos administrativos que lo hicieran menos burocrático y más flexible, así mismo impulsa un proceso de descentralización desde el nivel central hasta el nivel local.
La mejor expresión de la descentralización del Ministerio de Educación, fue la reestructuración de su organización administrativa, en el año de 1996, cuando creó catorce Direcciones Departamentales para poder impulsar un nuevo modelo de administración escolar que pretendía dar autonomía a los centros educativos, a través de la conformación en cada centro educativo de Consejos Directivos Escolares (CDE), para lograr una gestión más participativa y democrática en la prestación de los servicios educativos.
El Consejo Directivo Escolar es un ente colegiado que actúa como gestor y administrador de los servicios educativos, con el propósito de planificar, organizar, gestionar, ejecutar y supervisar los recursos asignados y / o necesarios, orientados al mejoramiento de la calidad y ampliación de cobertura de los servicios de su centro educativo.
5. Formación integral de valores humanos, éticos y cívicos
Se introduce la formación de valores humanos, éticos y cívicos como un eje transversal en todas las asignaturas, que busca no sólo la adquisición de conocimientos sino sobre todo el fomento de prácticas que conduzcan al desempeño eficaz de la ciudadanía.
Además se pretende que la formación cívica debe de desarrollar en el educando actitudes y conductas tales como: amplitud de criterio que lo aleje de tendencias dogmáticas y excluyentes; capacidad de reconocer la calidad lógica de la argumentación; tolerancia y conciliación de puntos de vista; y habilidad para una participación ciudadana eficaz.
Las cinco políticas educativas antes mencionadas, están claramente orientadas al fortalecimiento del recurso principal del conocimiento, como una forma de alcanzar el desarrollo, para lograr que todos los ciudadanos sean estos ricos o pobres, tengan igualdad de oportunidades de tener acceso al conocimiento de forma equitativa.
Todas las políticas educativas implementadas en la década de los años 90s, dada la crisis severa que había tenido el sistema educativo nacional, durante los 12 años de conflicto armado, venían a resolver problemas estructurales que era necesario transformar. Sin embargo, el problema de las políticas educativas antes analizadas no es tanto que no satisfaga, ni resuelva los problemas del sistema educativo nacional, sino más bien su problema radica en su enfoque y orientación, ya que lo que buscaban es la racionalidad económica, el eficientismo, la eficacia; convirtiendo a la educación en un instrumento al servicio de la economía y desnaturalizando la función humanista de la misma de formar personas críticas y conscientes de su realidad. La lógica de dichas políticas educativas respondía más a una racionalidad instrumental tecnológica que a intereses estrictamente pedagógicos.
En conclusión, Los principales actores y arquitectos de las políticas educativas implementadas en El Salvador, en la década de los años 90s, han sido fundamentalmente el Ministerio de Educación y los Bancos de Desarrollo, como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos (AID), y las políticas educativas que han implementado han estado determinadas por un enfoque y orientación estrictamente económico, en el cual el ser humano está en función de la economía como una pieza fundamental del engranaje productivo.
[1] Para una mayor profundización de la problemática educativa de El Salvador se puede consultar: HARVARD/UCA/FEPADE. La Educación EN El Salvador de cara al siglo XXI. Desafíos y oportunidades. UCA, Editores, San Salvador, 1995.
[2] Ver: MIPLAN. Plan de Desarrollo Económico y Social del Gobierno de El Salvador (1989-1994), San Salvador, 1989.
[3] Las personalidades que formaron parte de la Comisión pertenecían a la empresa privada, iglesia católica, universidades, fundaciones y partidos políticos.
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